En los últimos tiempos se ha puesto de moda hablar de España como un «Estado fallido». Conceptualmente, «estado fallido» sería aquel en que se produce una erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones y en el que existe incluso pérdida del monopolio en el uso legítimo de la fuerza. No es el caso, España no es un estado fallido sino un «sistema administrativo fallido», singularmente en determinados territorios. La diferencia es importante, en el «sistema administrativo fallido» se produce una erosión en la capacidad de gestión de los asuntos, pero la autoridad política permanece intacta.

En los últimos meses se puso de manifiesto que el Sistema administrativo de la Seguridad Social, con ocasión de la pandemia COVID-19, presentaba un déficit notable para atender las demandas legítimas de los ciudadanos, y así fue reflejado en diversos medios de comunicación. Cierto. Yo mismo escribí un artículo en este blog dando mi opinión. No obstante, ningún medio fue capaz de denunciar la otra cara del «sistema fallido», es decir, si un sistema no es capaz de dar respuesta a las demandas legítimas de los ciudadanos, probablemente tampoco sea capaz de combatir las peticiones mendaces o fraudulentas.

En efecto, el fraude en el ámbito del SEPE y TGSS es una constante. También en el ámbito del Instituto Nacional de la Seguridad Social, donde llama la atención la impunidad con la que algunos ciudadanos obtienen, fraudulentamente, prestaciones de incapacidad permanente, singularmente en Barcelona, donde una desafortunada estructura administrativa atribuye funciones de «evaluación médica» a un organismo, «la Subdirecció General d´Avaluacions Mèdiques», que ha demostrado, sobradamente, que carece de calidad técnica y medios para gestionar su competencia, llegando a ser criticado, incluso, en una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona en un proceso penal derivado de fraude de prestaciones.

En este contexto, en el que los letrados de la Seguridad Social de Barcelona cabalgamos a lomos de un «sistema administrativo fallido»(sin que a algunos de ellos les importe demasiado), los chistes arrecian y expresan mejor que cualquier análisis técnico la situación.

Uno de ellos cuenta que el lugar donde se cometen mas delitos en Barcelona, durante las mañanas, es el edificio de los Juzgados de lo Social. El chiste, todo hay que decirlo, viene completado, mordazmente, con sutiles o groseras referencias a los jueces, cuya perspicacia es puesta seriamente en duda. El otro chiste, más político, dice que a Puigdemont no lo logrará encarcelar ninguna autoridad judicial ni política residente en Madrid, pero que, quizá, pueda venir de vuelta el día en que a alguien se le ocurra destapar los sórdidos engranajes con los que funciona el sistema sanitario catalán.

En fin, lo dicho, que los letrados de la Seguridad Social en Barcelona cabalgamos a lomos de un «sistema administrativo fallido».