CUANDO TOCA DECIR “NO”

Dejando de lado las cuestiones personales, debo decir, como letrado de la Seguridad Social, que nunca me gustó la idea de que el INSS de Barcelona utilizara peritos privados en los juicios de incapacidad permanente. De hecho, Barcelona ha sido, históricamente, el único lugar en el que se ha contratado a una sociedad mercantil para prestarlos. Creo que es una mala idea, que un sistema público de Seguridad Social no puede permitirse el lujo de que unos médicos privados decidan sobre la incapacidad de un ciudadano, por encima de los órganos evaluadores, por encima de la Comisión de Evaluación de Incapacidades.

En Catalunya, a diferencia del resto de España, y digo esto con un nulo afán centralista, la función de valoración de los personas que piden una incapacidad permanente corresponde a la “Subdirecció General d´Avaluacions Mèdiques”, organismo dependiente de la Generalitat. Es este organismo el que emite los dictámenes que los letrados de la Seguridad Social defendemos en los juicios de incapacidad permanente. Con ello, la gestión de esta prestación queda atribuida a dos administraciones distintas. Un sano entendimiento del interés público obligaría, a mi juicio, a que INSS y Generalitat arbitraran un sistema de coordinación que permitiera que quienes emiten los dictámenes médicos acudieran a los procesos judiciales a defenderlos. No puede argumentarse que no hay presupuesto para ello cuando el capital coste de una prestación de incapacidad permanente supera, en muchas ocasiones, el medio millón de euros. O, lo que es lo mismo, si de verdad el presupuesto va tan corto, lo económicamente racional es invertir en buenas periciales.

Para solucionar esta cuestión, y contra toda lógica, se suple esta carencia con un contrato barato que por 400000 euros pretende visitar a 6000 demandantes de incapacidad permanente y practicar una pericial sobre todos ellos. Una completa barbaridad que no solo daña la imagen y, probablemente, la eficiencia del INSS, sino que perjudica seriamente a muchos ciudadanos, que no se sienten respetados, y que observan cómo su proceso patológico es valorado, de cualquier manera, y con poco rigor, por una entidad privada.

En este contexto, lo razonable sería prescindir de este contrato y no renovarlo. Luchar por que el SGAM defienda sus dictámenes, pues son sus médicos quienes han dicho “no” a ese ciudadano concreto que peticiona una incapacidad. O, si tan valiosa se entiende esta, para mí, “privatización de las incapacidades” en Barcelona, sería necesario que se destinara el dinero suficiente para que las periciales tengan una mínima calidad. No creo que el INSS deba seguir transitando un camino que, quizá, nunca debió emprender. Pero si decide seguir recorriéndolo, debe invertir en él. Las periciales de “chichinabo” no son propias de organismos serios. Esta vez toca decir “no”.

 

 

LETRADOS DEL SHOW DE TRUMAN

En los sistemas administrativos fallidos, concepto que apuntaba en mi artículo anterior, los órganos administrativos no cumplen con las funciones que les vienen atribuidas o, lo que es peor, hacen ver que las cumplen. Esta situación me recuerda, con una ironía no exenta de decepción, la famosa película “El Show de Truman”, un “reality show” que sacrifica la vida de Truman para entretener a millones de ciudadanos ávidos de emociones.

Algo similar sucede en el ámbito del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Barcelona, y más concretamente, en su servicio jurídico, donde el 80 por ciento del trabajo gira en torno a la defensa del Sistema de la Seguridad Social frente a pretensiones, no siempre legítimas, de acceso a prestaciones de incapacidad permanente. Un desajuste competencial notable, “Subdirecció General d´Avaluacions Mèdiques” mediante, consistente en un déficit de coordinación que cabe situar en los más notables extremos del cinismo, aboca a los letrados de la Seguridad Social a realizar una mala defensa de los intereses de la Entidad.

Toda defensa de un Sistema de Seguridad Social requiere, junto a notables dosis de sentido común, una buena información. Si se producen graves fallos de transmisión de información, por mala fe, dejación o motivaciones políticas, el letrado de la Seguridad Social se convierte en un mero actor, obligado a la interpretación, dado que la defensa le resulta imposible.

Cuando la irregularidad en la emisión de informes médicos, irregularidad que cuenta con décadas de antigüedad, no es combatida por los órganos administrativos de la sanidad pública catalana con la debida contundencia, defendiendo así, como afirmo siempre, a los ciudadanos que se levantan a las seis de la mañana para ir a trabajar. Cuando la vanidad, el prurito o la mera defensa de intereses personales aumenta en millones de euros el gasto en incapacidades permanentes. Cuando el letrado no se rebela frente a la dilapidación de recursos públicos. Cuando, en definitiva, prima la interpretación frente a la defensa, los letrados pasamos a formar parte de un reparto, tras un casting llamado oposición. Somos letrados del “Show de Truman”, siempre dispuestos a pasear nuestros trajes, peinados y vestidos por el plató de los Juzgados de los Social.

A LOMOS DE UN SISTEMA FALLIDO

En los últimos tiempos se ha puesto de moda hablar de España como un “Estado fallido”. Conceptualmente, “estado fallido” sería aquel en que se produce una erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones y en el que existe incluso pérdida del monopolio en el uso legítimo de la fuerza. No es el caso, España no es un estado fallido sino un “sistema administrativo fallido”, singularmente en determinados territorios. La diferencia es importante, en el “sistema administrativo fallido” se produce una erosión en la capacidad de gestión de los asuntos, pero la autoridad política permanece intacta.

En los últimos meses se puso de manifiesto que el Sistema administrativo de la Seguridad Social, con ocasión de la pandemia COVID-19, presentaba un déficit notable para atender las demandas legítimas de los ciudadanos, y así fue reflejado en diversos medios de comunicación. Cierto. Yo mismo escribí un artículo en este blog dando mi opinión. No obstante, ningún medio fue capaz de denunciar la otra cara del “sistema fallido”, es decir, si un sistema no es capaz de dar respuesta a las demandas legítimas de los ciudadanos, probablemente tampoco sea capaz de combatir las peticiones mendaces o fraudulentas.

En efecto, el fraude en el ámbito del SEPE y TGSS es una constante. También en el ámbito del Instituto Nacional de la Seguridad Social, donde llama la atención la impunidad con la que algunos ciudadanos obtienen, fraudulentamente, prestaciones de incapacidad permanente, singularmente en Barcelona, donde una desafortunada estructura administrativa atribuye funciones de “evaluación médica” a un organismo, “la Subdirecció General d´Avaluacions Mèdiques”, que ha demostrado, sobradamente, que carece de calidad técnica y medios para gestionar su competencia, llegando a ser criticado, incluso, en una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona en un proceso penal derivado de fraude de prestaciones.

En este contexto, en el que los letrados de la Seguridad Social de Barcelona cabalgamos a lomos de un “sistema administrativo fallido”(sin que a algunos de ellos les importe demasiado), los chistes arrecian y expresan mejor que cualquier análisis técnico la situación.

Uno de ellos cuenta que el lugar donde se cometen mas delitos en Barcelona, durante las mañanas, es el edificio de los Juzgados de lo Social. El chiste, todo hay que decirlo, viene completado, mordazmente, con sutiles o groseras referencias a los jueces, cuya perspicacia es puesta seriamente en duda. El otro chiste, más político, dice que a Puigdemont no lo logrará encarcelar ninguna autoridad judicial ni política residente en Madrid, pero que, quizá, pueda venir de vuelta el día en que a alguien se le ocurra destapar los sórdidos engranajes con los que funciona el sistema sanitario catalán.

En fin, lo dicho, que los letrados de la Seguridad Social en Barcelona cabalgamos a lomos de un “sistema administrativo fallido”.