CUANDO TOCA DECIR “NO”

Dejando de lado las cuestiones personales, debo decir, como letrado de la Seguridad Social, que nunca me gustó la idea de que el INSS de Barcelona utilizara peritos privados en los juicios de incapacidad permanente. De hecho, Barcelona ha sido, históricamente, el único lugar en el que se ha contratado a una sociedad mercantil para prestarlos. Creo que es una mala idea, que un sistema público de Seguridad Social no puede permitirse el lujo de que unos médicos privados decidan sobre la incapacidad de un ciudadano, por encima de los órganos evaluadores, por encima de la Comisión de Evaluación de Incapacidades.

En Catalunya, a diferencia del resto de España, y digo esto con un nulo afán centralista, la función de valoración de los personas que piden una incapacidad permanente corresponde a la “Subdirecció General d´Avaluacions Mèdiques”, organismo dependiente de la Generalitat. Es este organismo el que emite los dictámenes que los letrados de la Seguridad Social defendemos en los juicios de incapacidad permanente. Con ello, la gestión de esta prestación queda atribuida a dos administraciones distintas. Un sano entendimiento del interés público obligaría, a mi juicio, a que INSS y Generalitat arbitraran un sistema de coordinación que permitiera que quienes emiten los dictámenes médicos acudieran a los procesos judiciales a defenderlos. No puede argumentarse que no hay presupuesto para ello cuando el capital coste de una prestación de incapacidad permanente supera, en muchas ocasiones, el medio millón de euros. O, lo que es lo mismo, si de verdad el presupuesto va tan corto, lo económicamente racional es invertir en buenas periciales.

Para solucionar esta cuestión, y contra toda lógica, se suple esta carencia con un contrato barato que por 400000 euros pretende visitar a 6000 demandantes de incapacidad permanente y practicar una pericial sobre todos ellos. Una completa barbaridad que no solo daña la imagen y, probablemente, la eficiencia del INSS, sino que perjudica seriamente a muchos ciudadanos, que no se sienten respetados, y que observan cómo su proceso patológico es valorado, de cualquier manera, y con poco rigor, por una entidad privada.

En este contexto, lo razonable sería prescindir de este contrato y no renovarlo. Luchar por que el SGAM defienda sus dictámenes, pues son sus médicos quienes han dicho “no” a ese ciudadano concreto que peticiona una incapacidad. O, si tan valiosa se entiende esta, para mí, “privatización de las incapacidades” en Barcelona, sería necesario que se destinara el dinero suficiente para que las periciales tengan una mínima calidad. No creo que el INSS deba seguir transitando un camino que, quizá, nunca debió emprender. Pero si decide seguir recorriéndolo, debe invertir en él. Las periciales de “chichinabo” no son propias de organismos serios. Esta vez toca decir “no”.