MENOSPRECIAR A LOS CIUDADANOS

“Llega un momento en la historia en el que quien se atreve a decir que dos y dos son cuatro está condenado a muerte. Bien lo sabe el maestro” (Albert Camus)”.

Llevo tiempo denunciando los graves problemas que se producen en numerosos organismos de la Administración española. La falta de profesionalización, la presencia de nepotismo, el amiguismo indisimulado en la mayoría de nombramientos de libre designación, junto con el defecto de interiorización del concepto “plaza en propiedad” que tenemos los empleados públicos, constituyen ingredientes más que suficientes para configurar un déficit administrativo notable.

En este contexto, la pandemia provocada por el SARS-COV-2 posee el potencial suficiente para acabar de romper las costuras de muchos órganos administrativos, cuyas dificultades en tiempos de normalidad eran ya evidentes. Durante la última semana, en Barcelona, los ciudadanos que se acercan a preguntar por sus asuntos de Seguridad Social, ante el bloqueo de las citas previas y la desinformación sobre los canales de internet, se sienten menospreciados. Retenidos en las puertas del Instituto Nacional de la Seguridad Social por los vigilantes de seguridad, tienen la percepción de que son tratados como delincuentes, no como ciudadanos de un Estado de Derecho. Ningún empleado público competente se acerca a la entrada para darles alguna explicación, nadie les hace caso, excepto los vigilantes, quienes cada vez más desbordados, se limitan a llamar por teléfono a los “Mossos d´Esquadra”. Así, el ciudadano, denigrado, cuando observa esta actitud, se enfurece todavía más.

Hoy la situación estaba a punto de desbordarse cuando, una vez cruzado el vestíbulo, mis reflejos me han llevado a dar media vuelta y dirigirme hacia el cordón de seguridad. La idea de ver a una señora de 65 años por los suelos o a un prejubilado cayendo sobre el pavimento de mala manera ha acudido a mi mente. Creo que acabará pasando, pero cuando menos, puedo decir que hoy no pasó. Tranquilicé a los ciudadanos y les facilité un enlace. Fui consciente de que solo necesitaban que alguien se preocupara de ellos, que no los dejaran tirados a las puertas del Instituto Nacional de la Seguridad Social. También fui consciente, a posteriori, de que no me tocaba a mí estar allí y, hasta cierto punto, entendí que la dirección provincial me invitara a no volver a hacerlo. Al fin y al cabo, no está en mi cargo, ni es mi función. Pero también entendí que estamos cayendo en barrena y que quienes tienen responsabilidades no pueden cubrirse detrás de las espaldas de unos vigilantes de seguridad y de unos “mossos”. Hacerlo es muestra de cobardía o de un elitismo decimonónico. Ni es justo, ni es presentable. Es una completa vergüenza.

 

 

 

MUNDO JURÍDICO Y COVID-19

En la crisis del COVID-19 el mundo jurídico está reaccionando como era de esperar, es decir, manifestando su inoperancia y su consabida dosis de irrealidad. La teoría imperante, la “iuriscéntrica”, que afirma que el derecho se sitúa en el centro y la sociedad, la economía, la política, la ciencia y demás planetas de conocimiento dibujan órbitas desiguales a su alrededor, impide que el derecho y sus operadores jurídicos sean capaces de dar respuesta a las distintas realidades sociales. Nada nuevo bajo el sol. Propuestas, contrapropuestas entre los grupos dirigentes, con escasa o nula participación de quienes de verdad conocen ese mundo jurídico, es decir, quienes se baten el cobre cada día en los juzgados. Grupos rectores, de impronta “precopernicana”, que parecen no haber advertido que el derecho es una disciplina de conocimiento que orbita alrededor de la sociedad y sus necesidades, generan un inmovilismo que, en esta concreta crisis, se manifiesta en una paralización de la justicia que no tiene precedentes. Mientas el papel se amontona en los juzgados y jueces y letrados de las distintas administraciones permanecen en sus casas de brazos cruzados a cambio de cobrar la nómina entera, muchos ciudadanos y numerosas empresas esperan con ansiedad sus juicios, la resolución de sus conflictos. Mientras la dirigencia discute las más que nunca vacuas solemnidades que deben reunir las reformas de agilización procesal, la sociedad espera respuestas, no ritos. El derecho no es una liturgia, no es una misa de domingo por la mañana basada en la fe sobre sistemas imaginarios, sino una necesidad operativa tangible que pivota sobre realidades concretas.

De todo ello se desprende que el derecho lleva un retraso de aproximadamente cinco siglos sobre la astronomía. Un retraso que sería preocupante si existiera una conciencia sobre la problemática pero que, no existiendo tal conciencia, cabe reputar como trágico. Al mismo tiempo, los Copérnicos y Galileos que denuncian una y otra vez las gravísimas carencias del mundo jurídico, son quemados en la hoguera de la irrelevancia, preteridos frente a los sacerdotes ptolemaicos, guardianes de las esencias, o, lo que es lo mismo, guardianes de un sistema jurídico erróneo que solo sirve para proteger sus sotanas, es decir, sus privilegios.

LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN TIEMPOS DE COVID-19

(La presente propuesta pretende simplemente provocar un debate sobre cómo celebrar los procedimientos de Seguridad Social durante la crisis del COVID-19. Cualquier comentario, adición o sugerencia será bienvenida. La propuesta se encuentra en estado embrionario y requeriría de un estudio más intenso. En cualquier caso, entiendo que el debate es necesario).

La presente propuesta se emite ante las excepcionales circunstancias socio-económicas que vivimos como consecuencia de la pandemia provocada por el virus COVID-19. Pretende dar respuesta a la paralización de los procedimientos de Seguridad Social arbitrando una respuesta que tenga como objetivo la reanudación y adaptación, durante el tiempo que dure la crisis, de los procesos en esta materia.

En las actuales circunstancias, la flexibilidad, la celeridad y la eficacia se convierten en la piedra angular sobre la cual articular los procedimientos de Seguridad Social, garantizando la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, tutela que no consiste, a nuestro entender, en un mayor número de actuaciones procesales, sino en una adecuada eficacia de las mismas. Sin celeridad, no puede hablarse, en nuestra opinión, de tutela judicial efectiva. Una justicia tardía no deja de ser una forma subrepticia de injusticia.

El artículo 74 de la Ley de la Jurisdicción Social fija como principios del procedimiento la “inmediación” y la “oralidad”. Ambos principios, a nuestro entender, colisionan con la realidad científica actual, al obligar a la celebración de vistas en las que, se concentran la fase de alegaciones (por parte del demandado), la práctica de la prueba y las conclusiones. En muchas ocasiones, particularmente en procedimientos derivados de accidente de trabajo, los letrados litigantes lo son en número de 4, cantidad a la que hay que añadir la presencia de peritos y testigos, así como de las propias partes demandante y demandada. Resulta difícil pensar que en un breve plazo de un mes o dos podrán celebrarse vistas en estas circunstancias. Creemos que hay que estar preparado para garantizar el funcionamiento de los procedimientos de Seguridad Social, de una forma distinta, cuanto menos temporalmente.

Por este motivo, pasamos a proponer un “procedimiento especial en materia de Seguridad Social” con las siguientes peculiaridades:

-Se propone la redacción de un párrafo 2º en el artículo 74 de la LJS, con el siguiente contenido:

“Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo primero los procedimientos en materia de prestaciones de Seguridad Social, que se tramitarán preferentemente por escrito”.

-Se considera pertinente la reforma íntegra del artículo 140 de la LJS, cuyo redactado sería el siguiente:

“Los procedimientos de Seguridad Social se iniciarán a través de recurso frente al acto administrativo del que se discrepe. El recurso se presentará acompañando los documentos a que se refiere el artículo 45 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”

“Examinada por el Letrado de la Administración de Justicia la validez de la comparecencia, tendrá por admitido a trámite el recurso y emplazará a la Administración y/o Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales para que, en plazo de 10 días remita el procedimiento administrativo”

“Recibido el expediente administrativo se dará traslado al demandante para que presente la demanda en el plazo de 20 días, acompañando los documentos en que apoye su pretensión. En los procedimientos de incapacidad permanente, si la parte demandante pretendiere valerse de informe de perito se incorporará este en la demanda, debidamente firmado y sin necesidad de que dicho informe sea ratificado en una vista

“Recibida la demanda, se dará traslado a la Administración y/o Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales para contestación por el mismo plazo. En los procedimientos de incapacidad permanente, y durante el tiempo de vigencia de esta norma, ni la Administración, ni la Mutua podrán proponer pericial médica”.

“Sin más trámites, y en el plazo de un mes, el juez dictará sentencia estimando o desestimando las pretensiones del demandante”.

-Se propone como artículo 140 bis de la LJS un precepto con la rúbrica “celebración de vista”.

“Únicamente en los procedimientos de viudedad por Violencia de Género, determinación de contingencia o recargo de prestaciones, podrá pedirse la celebración de vista para la práctica de las testificales que se estimen pertinentes. Celebrada la vista, las partes, en 5 días, formularán, por escrito, las conclusiones, dictando sentencia el juez en el plazo de un mes”.

“Excepcionalmente, y en aquellos supuestos en los que el juez, fundadamente, entendiere que la práctica de la prueba testifical puede resultar decisiva para la resolución del pleito, se acordará celebración de vista”.

-Se propone un artículo 140 ter, de la LJS, con el epígrafe “periciales médicas”.

“En aquellos procedimientos en los que se hubiere presentado pericial médica, el juez, si no quedare ilustrado sobre el alcance de las lesiones, y no considerare conveniente la intervención del médico forense, podrá solicitar aclaraciones sobre el dictamen, preferentemente por escrito”.

Se propone un artículo 140 quater, de la LJS, con el título “excepciones procesales”.

“Si en la contestación a la demanda se formularen excepciones procesales, el juez dará traslada por 5 días al demandante para alegaciones, resolviendo lo procedente según la naturaleza de la excepción planteada”.

DERECHO TRANSITORIO

No es fácil abordar la problemàtica inherente a los procedimientos iniciados por demanda y que se encuentran pendientes de la celebración de la correspondiente de vista. La solución pasaría por dar a la parte demandante plazo de cinco días para incorporar la documental médica y/o la pericial de que intente valerse, dándose trámite, a continuación a la Entidad demandada para contestar.

CORONAVIRUS Y REALIDAD (II) ¿MORTAL YO?

Durante estos primeros días del estado de alarma parece que son muchos los occidentales que parecen despertar de su sueño de inmortalidad. Sin embargo, hay dos formas de afrontar este “gran descubrimiento”: la sabia y la necia. La sabia supone asumir el reto y mejorar nuestra percepción del mundo, la necia supone atribuir a la inmortalidad un rango secundario supeditado a la supuesta negligencia de los hombres. En España parece imponerse la segunda, como era de esperar. El pensamiento necio, cuyo centro de gravedad se sitúa en la carcundia capitalina, ha alcanzado su culmen con un bochornoso Auto de la juez Carmen Rodríguez-Medel, quien, ¿mortal yo?, ha abierto una investigación que tiene por objeto averiguar si el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, pudo cometer un delito de prevaricación al no prohibir las marchas del 8-M (cabe decir en este punto que el querellante no hace referencia a los partidos de fútbol que se jugaron en Madrid ese fin de semana, seguramente porque el fútbol es cosa de hombres y la “mani” era cosa de mujeres).

Básicamente, y hablando en términos un tanto informales, exigiendo el tipo del artículo 404 del Código Penal, que la resolución arbitraria injusta, se dicte a sabiendas, es decir, mediando dolo(más allá de la más que dudosa comisión por omisión del delito de prevaricación), parece evidente que el único reproche que se le puede hacer al delegado del Gobierno es el de carecer de la bola de cristal que, según parece, posee la derecha mediática y que, permite, sin duda alguna, ver el futuro.

Llevo ya algunos años comprobando que uno de los grandes problemas que tiene este país es el de su sistema judicial. Los jueces saben que para prosperar deben convertirse en arietes de los partidos políticos. Por otro lado, la formación de los jueces no deja de ser precaria y basada en una acrítica repetición de textos.

Al mismo tiempo que la jueza Rodríguez-Medel nos anuncia su soberbia y necedad, en VOX conminan al gobierno a institucionalizar el crimen negando la asistencia médica a los inmigrantes sin documentación que no puedan costearse la asistencia sanitaria; ávidos, parece, de escribir un nuevo volumen de La Historia Criminal del Cristianismo, de Deschner.

En la lucha contra el Coronavirus se impone, en este primer asalto, la necedad. Sin embargo, tengo la esperanza de que España muestre que está por encima de la mediocre elite política y administrativa madrileña. Todavía quedan sabios en nuestro país aun cuando el sistema se empeñe en despeñarlos por el precipicio de la irrelevancia, una irrelevancia, todo hay que decirlo, conveniente para el sabio, quien en un ambiente de degradación intelectual como el descrito, goza más de la vida dando la espalda a los necios que intentando salvarlos de su necedad.

DAVID CASTELL: SOCIEDAD Y ADMINISTRACIÓN

En esta entrada podemos leer una brillante reflexión de David Castell, letrado de la Seguridad Social en Barcelona, sobre la crisis que vivimos actualmente. Consciente de la importancia que supone poseer una Administración Pública que persiga el interés general, David pone de relieve la necesidad de un cambio en nuestra forma de entender “lo público”.

Según la RAE, una sociedad, en su primera acepción, es “el conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes”.

En cuanto al concepto de Administración Pública, el diccionario del español jurídico de la academia la define como “la Administración formada por el conjunto de los organismos y dependencias incardinados en el poder ejecutivo del Estado, que están al servicio de la satisfacción de los intereses generales, ocupándose de la ejecución de las leyes y la prestación de servicios a los ciudadanos”.

Parece tener cierta lógica pensar que la calidad de la convivencia de una sociedad, aunque con participación de otros factores, será directamente proporcional a la de su Administración Pública.

Empezando por la primera, para aquellos ciudadanos como yo que creemos decididamente en lo público, en una Administración fuerte como garante de la igualdad entre las personas y en que el bien común siempre se debe ubicar en priorizar lo colectivo frente a lo individual, la actual crisis sanitaria (que también lo va a ser social y económica) no hace sino reforzar nuestro planteamiento, sin que sus muchos detractores tengan hoy un solo argumento sólido para rebatirlo.

Y ello porque en estos días nadie duda que con actuaciones individualistas y descoordinadas la situación no sólo no se solucionaría, sino que se vería agravada. Es más, todo el mundo tiene claro que sólo con una actuación conjunta, unitaria y solidaria puede superarse la actual crisis.

Por ello creo que debemos aprovechar esta situación (como ha ocurrido o debió ocurrir con otros eventos históricos) para aprender que es lo realmente importante y transformar en consecuencia nuestra sociedad (y con ella nuestra Administración Pública).

Creo que no soy el único que está cansado y hastiado de ver, presenciar, incluso participar en comportamientos individuales egoístas y sobre todo desleales y desconsiderados con los demás, claramente integrados y normalizados en nuestro sistema político, social y económico, como si no hubiera alternativa, como si en cada situación siempre tengan que existir vencedores y vencidos, triunfadores y fracasados.

Habría que plantearse, aunque fuera por un segundo, como sería nuestra sociedad  si los valores, actitudes y prioridades que hoy protagonizan la actuación individual y colectiva del ser humano se perpetuaran una vez la amenaza del Covid-19 se haya reducido lo suficiente como para no condicionar nuestras vidas cotidianas como ocurre ahora mismo.

Aplicando esa bonita ficción, todo el mundo percibiría que la mayor garantía de su calidad de vida estaría en proteger el sistema de todos y no en hacer la guerra por su cuenta, en que el mayor y mejor beneficio, no es aquel en el que se obtiene ventaja respecto al de al lado, sino aquel del que todos pueden aprovecharse.

Parece evidente que de esta forma se reducirían sensiblemente los niveles de pobreza, de desigualdad (y con ellos los de conflicto social) y esa sensación de enfrentamiento constante entre intereses contrapuestos que tan presente está en nuestros tiempos. Por el contrario, aumentarían sin duda los niveles de percepción individual de felicidad, los de justicia social y aumentarían los sentimientos reales (y no únicamente de bandera) de pertenencia a una sociedad y a una nación.

El único coste se centraría en que el crecimiento económico, el progreso social, los avances tecnológicos ya no serían tuyos ni míos, de un territorio u de otro, sino de TODOS, so pena, por su reparto, de llegar de una forma más gradual y menos intensa, pero también más sostenible y menos desigual.

Una Administración para todos

A mí ese coste me merece la pena, y creo que a todos en general, aunque a algunos les cueste verlo o bajarse de su gran nube de privilegios. Espero que este debate se plantee seriamente para que situaciones como la que estamos viviendo no vuelvan a mostrarnos por enésima vez el camino correcto, para que no vuelvan a evidenciarnos nuestra incapacidad para convivir como seres humanos.

Como trabajador público, paso ya a la segunda parte del título, creo que uno de los motores que deberían impulsar, promover y liderar esa transformación (junto con el sistema educativo) es nuestra Administración Pública.

Sin embargo, y hablo siempre desde mi experiencia, creo que esto, por el momento, está lejos de producirse.

Basta con acudir a la visión que una buena parte de los españoles tiene de su Administración, para advertir que, lejos de percibirla como una garantía de satisfacción del interés general, estamos más bien ante un grupo de privilegiados, laboralmente hablando, tras un período más o menos largo de oposición. Sin obviar la parte demagógica y sensacionalista de tan generalista definición, no se puede discutir que algo de realidad hay en ella. Y es que, si se busca la respuesta más repetida entre los aludidos, la ganadora es un elocuente “haber estudiado”, réplica que, tras rebajarse a la categoría del ataque, flaco favor hace a la función pública.

Por mi experiencia en cinco años de ejercicio, la Administración, en múltiples ocasiones (y por suerte, no en todas), lejos de ser la cabeza de un sistema público que prioriza a los ciudadanos, demuestra no ser más que una pequeña muestra de la sociedad actual, un conjunto de individuos que, como abducidos por su propia Organización, parece no tener más capacidad que para ocupar su silla, respecto a la que curiosamente desarrollan un extraordinario sentimiento de pertenencia que recuerda a los privilegios eclesiásticos o a los títulos nobiliarios

Como decía, en estos años he presenciado, en un número de veces poco deseable, ejercicios de formalismo administrativo (en lenguaje actual, “postureo”) tan exagerados que parecen una reducción al absurdo, en los que el objetivo supremo no pasa de registrar la hora de entra o salida de una jornada, firmar un documento o hacer acto de presencia en determinada actuación. Y lo más preocupante no es que lo anterior se tolere, que también, sino que se promociona, siendo ya clásicas las definiciones del buen funcionario como el que “cumple expediente” o “que no se sale del tiesto”, en fiel cumplimiento de una especie de comportamiento autómata que consiste repetir lo que hizo tu predecesor y hará el que te sustituya.

De manera, y aquí viene lo preocupante, que todo aquel que proponga una forma nueva de hacer las cosas o una vuelta de tuerca más en el desarrollo de las funciones, se verá abocado a un esfuerzo realmente heroico para no caer en la desidia o en la resignación, pues verá como su propuesta no se juzga por sus resultados o las bondades de sus efectos en la función pública, sino simplemente por si supone o no más trabajo para el autómata o por si deja o no a la vista las carencias o perversiones del sistema, como si el mismo tuviera que autoprotegerse del exterior, cuando precisamente existe por y para los que están fuera de él.

Por ello, como ocurre en el caso de la sociedad, creo que a  la Administración, o al menos en el ámbito al que pertenezco como cuerpo superior jurídico de la misma, le toca una profunda reflexión que preceda a la transformación ya aludida, pasando de unos valores, principios y criterios rectores de su actuación impregnados por el individualismo a otros que de verdad puedan definirse como garantes de la colectividad, empezando por exigir no sólo el mantenimiento o mejora de nuestras ya aventajadas condiciones laborales sino sobre todo porque dispongamos de medios y condiciones en el ejercicio de nuestra función que aseguren que la misma tiene con fin último el interés general y el servicio al ciudadano (propio de la definición con la que se empezada este escrito), aunque todo lo anterior deba (y no sólo pueda) suponer que todos tengamos que asumir más responsabilidades y pasemos a ser un colectivo algo menos privilegiado.

Para mí una Administración sin en esta orientación carece de sentido y no hace sino frenar la necesaria evolución y transformación de nuestra sociedad. Por ello, debemos no sólo permitirla, sino asumirla como propia y ser parte importante de la misma.

Sólo así, con estas dos transformaciones, y sólo quizás, formar parte de una Administración y, sobre todo, de una sociedad pase a redundar en beneficio de TODOS y no sólo de unos cuantos.

David Castell Serrano, letrado de la Seguridad Social

CORONAVIRUS Y REALIDAD

Hace ya años que vengo observando que el hombre occidental se ha divorciado del mundo para adherirse a una realidad virtual de dudosa solidez. Es el mismo hombre occidental que, creyéndose dueño de su destino desprecia a quien nace en latitudes diferentes, más humildes, más humanas. El mismo ser humano que descubre, sorprendido, su esencia mortal, su mísera realidad.

Así,el coronavirus se nos aparece como una novela naturalista de Zola que, lejos de formar parte de nuestro tiempo de ocio, se transforma en una página de nuestra vida. O quizá en varias. No deja de ser un grave error formativo que las marcas hayan manipulado nuestro inconsciente hasta el punto de provocarnos la aporofobia y el desprecio hacia todo aquello que no es “cool”. Los personajes de Zola existen, como también existen las reflexiones de Séneca recordando a sus lectores que no es inteligente tratar con desdén a los esclavos, pues el destino es cambiante, la suerte muta, y aquellos que hoy visten traje de general pueden pasar a vestir el raído ropaje de los parias; así como que estos, asimismo por mutaciones de la suerte, pueden devenir en amos caprichosos y celosos de sus bienes.

En este contexto, la figura de mi abuelo invade hoy mi memoria con insólita nitidez. A mi abuelo siempre le pareció que una de las máximas aspiraciones a que podía aspirar un hombre serio e inteligente consistía en pasar por el planeta Tierra sin provocar grandes lamentos ni molestias. Aceptar la vida finita y no molestarse por que la muerte le acechara a partir de los 90. Pensar que, ciertamente, el ser humano está sujeto a las fuerzas de la naturaleza y que, negarlo, es síntoma de estupidez. A mi abuelo no le habría sorprendido el coronavirus sino la estupidez humana con que muchos lo afrontan, rasgándose las vestiduras al comprobar que muchos nonagenarios fallecen. Le habría sorprendido constatar que todos los avances tecnológicos no le han servido al hombre occidental para conocer su lugar en la Tierra sino para ignorarlo, víctima de su soberbia y de su falta de realidad.

Seguramente casi todos sobrevivamos al coronavirus, aunque la sobrevivencia, por desgracia, no nos hará más humanos. Seguiremos echando mierda sobre el débil, despreciando al paria. Seguiremos colgando estúpidas fotografías en Instagram y en Facebook, proyectando nuestra caquexia moral. Juzgando con firmeza al inmigrante y con benevolencia al blanqueador de capitales. Soñando con la inmortalidad pero no con la sabiduría. Por desgracia, el coronavirus solo nos hará algo más humanos mientras perdure su actividad. El día que descubramos la vacuna volveremos a ser tan imbéciles como antes; nos creeremos inmortales y dueños del planeta, hasta que el planeta nos expulse hastiado de tanta inepcia, optando por especies más gratas, como los simpáticos lobos marinos de Galápagos o las tranquilas tortugas terrestres de la Isla Floreana, especies más sabias, más realistas.

EL JUEZ EN EL ESPEJO

   Como señala Toharia (1991), en los sistemas jurídicos inspirados en el common law, la ideología de los jueces no constituye un tema tabú. Los jueces tienen valores y creencias que deben escrutarse pues, configurándose la jurisprudencia como fuente del derecho y siendo los juzgadores guardianes de la Constitución (sistema de judicial review), no tiene sentido pensar que dicho sistema de creencias y valores no va a influir en sus decisiones.                    

   Por el contrario, en los sistemas de derecho romano-canónico, la ideología de los jueces siempre se ha considerado, en cierta manera, una cuestión tabú. El juzgador se configura como un mero aplicador de las normas, normas que contemplan todos los supuestos que pueden plantearse o que, en cualquier caso, y a través de una adecuada interpretación de la ley o de una pertinente integración de lagunas permiten dar una respuesta objetiva a todas las cuestiones controvertidas. No obstante, esta construcción teórica no ha impedido que el propio Consejo General del Poder Judicial buscara conocer cómo piensan los jueces, cómo se sitúan dentro del eje izquierda-derecha; y así, cabe concluir, con el propio Toharia (1991) que, frente a lo que pudiera pensarse, los jueces españoles no se caracterizan por un sesgo ideológico conservador. En el eje mencionado, y para el año 1990, el resultado fue de 4,68, frente al 4,63 referido a la población general, siendo 1 extrema izquierda y 10 extrema derecha. Es decir, el juez español no es ni más progresista ni más conservador que el conjunto de la sociedad sin que, por otro lado, estemos en disposición de afirmar que tal correlación ha variado a día de hoy.

A continuación, comentaremos brevemente el cuadro que se adjunta:

  CUADRO 1  
 Orientación ideológica de los jueces españoles
  (En porcentajes) 
  JuecesFuncionariosPobl.Gral.
  19841990 
  ───────────────
Extr. Izda.(1,2 )……132
  (3,4)  …..252629
 (5,6)……322639
 (7,8)……759
Extr. Dcha.(9,10)….110
NS/NC ……………………343921
Puntuación Media …..4,864,684,63
═════════    
       
Estadística trabajo Toharia

Un 52 % de los jueces se adscribió a esquemas ideológicos moderados, puntuando entre 3 y 6. Un 39% de los jueces no quiso contestar. En este punto, entendemos poco asumible la respuesta no sabe/no contesta, aunque Toharia parece obviar este extremo, quizá porque el estudio estaba encargado por el propio Consejo General del Poder Judicial. Solo el 2% de la judicatura se adhirió a posiciones ideológicas extremas, aunque tampoco podemos obviar que la escala en sí misma es meramente orientativa. En cualquier caso, el resultado del estudio puede conceptuarse como feliz y publicable, quizá por tal motivo no me constan estudios posteriores.

No obstante, la problemática inherente a la ideología del juez plantea problemas éticos evidentes, sobre todo si aceptamos el concepto de ideología más allá de su estricta proyección jurídico-política y extendemos el concepto hasta enlazarlo con el de cosmovisión. He podido apreciar tres posturas muy claras de afrontamiento de la cuestión, la política, la negativista y la técnica.

La postura política sostiene la necesidad del control judicial en las altas instancias y se traduce en el nombramiento de los miembros del CGPJ por parte del poder legislativo. Mantiene una visión polarizada del juez, un juez que podría ser explicado y entendido sobre la base de las etiquetas progresista y conservador. Esta postura tiene el dudoso valor de exaltar los instintos más cainitas de nuestro país, con su pathos autolítico. El juez español dicta sus sentencias mientras se bate en las trincheras contra sus adversarios, en el fragor de un campo jurídico dual donde solo existen amigos y enemigos.

Por su parte, la postura negativista, sostenida, entre otros, por el magistrado Jesús Villegas, afirma que el buen juez no es progresista ni conservador. El buen juez no miente jamás, no se calla jamás, no se vende jamás (Villegas, 2016,227). Tiene el valor de intentar superar el modelo de juez-político pero, desde mi punto de vista, cae en una cierta ingenuidad al desconocer la naturaleza humana. Así, el juez español debería ser un espejo de proyección bíblica.

En tercer lugar, la postura técnica defendería la necesidad de un juez profesional y preparado, consciente de sus limitaciones y presto a superarlas, un juez que estaría abierto a participar en su propia paideia. El gran problema de este modelo reside en que se propone el mismo desde las posturas políticas y desde las negativistas, careciendo de autonomía propia. Por consiguiente, quienes defienden este modelo lo hacen desde la política o desde una cierta ingenuidad. El impulso independiente de esta propuesta no parece ser suficientemente fuerte.

En este contexto de indefinición, en el que el collar de los perros aspira a definir la naturaleza perruna, sería interesante que la judicatura fuera capaz de enfrentar una reflexión colectiva con el fin de alcanzar grandes acuerdos; el único antídoto, junto con el amargo y trágico conflicto bélico, capaz de superar las grandes crisis. Y es que no parece ingenuo ni atrevido apuntar a que estamos inmersos en una de ellas.

IDEOLOGÍA POLÍTICA DE LOS JUECES José Juan Toharia. (1991, May). Psicología Política, 7–20.

Villegas, J. (2016). El poder amordazado. Barcelona: Ediciones Península.

TERRAPLANISMO JURÍDICO

Llamo terraplanismo jurídico a la concepción del derecho, hegemónica en España, que propugna la plena identidad entre el contenido de los códigos y las sentencias judiciales. En forma más simple, el jurista terraplanista es aquel que entiende que los jueces, independientes e imparciales, resuelven de forma ajustada a derecho las pretensiones opuestas de las partes, y que los conceptos subjetivos son corregidos por una supuesta depurada técnica jurídica que posee el juzgador, depurada técnica consistente en una repetición patológica y cuasi inconsciente de preceptos que poseen un único sentido.

El jurista terraplanista es, por encima de todas las cosas, un individuo con fe, educado en la fe y sin capacidad para explorar otros sistemas. Alguien que se desmoronaría si llegase a la convicción de que el derecho, tal y como él lo entiende, nunca ha existido. La fe del terraplanista se cultiva desde la infancia, en escuelas privadas o concertadas cercanas a la Iglesia Católica, firme defensora del privilegio de unos y la subordinación de la gran mayoría. Iguales ante los ojos del Señor, desiguales ante los del Príncipe. Así, el primer objetivo de la educación terraplanista es la obediencia ciega al sistema. Consiste en amputar la capacidad de razón del niño para sustituirla por la creencia en el absurdo. Un buen niño terraplanista debe aceptar la existencia de milagros inexplicables para, pasados los años, aceptar la existencia de un sistema jurídico inexplicable.

El joven terraplanista llega a la universidad aceptando los binomios riqueza-bondad, pobreza-maldad, sin plantearse jamás el origen de una y de otra. Convencido de que la justicia es aquello que beneficia al poderoso y que, consiguientemente, coincide con los preceptos de los códigos que estudia, el aplicado terraplanista aspira a convertirse en un respetado juez, fiscal o jurista de la Administración. Repetir, repetir y repetir, como los soldados en las maniobras militares, hasta ver anulada su voluntad. Cuanto más exacta sea la repetición, mejor puntuación obtendrá en los exámenes. El más perfecto opositor es el que alcanza el mayor grado de obediencia ciega.

Sobre este esquema se reproduce un sistema jurídico patológico al servicio de una minoría, perpetuando situaciones de poder basadas en un discurso mendaz. La justicia, presuntamente ciega, casi siempre acaba posando sus reales sobre la cabeza de los débiles.

Este blog aspira, desde una posición marginal, a confrontar ideas con el paradigma dominante para demostrar su iniquidad e inconsistencia. No se escribe ni a favor ni en contra de personas concretas sino a favor y en contra de ideas concretas.

GENTE EXTRA TIERRA PLANA